Vivimos en un sistema
democrático en el cual podemos, cada dos años y mediante el voto, modificar la
realidad política de nuestro país. Tuvimos que pagar una alto precio para
llegar hasta acá, muchos quedaron en la memoria, mucha sangre se derramó, para
usar una frase que ya es de todos.
Vivimos en un sistema
democrático en el cual, de a poco y por las piedras, pudimos ver cómo gracias a
la lucha de muchos, se fueron consagrando derechos fundamentales para las
mayorías y, especialmente, para las minorías. Un camino que se inició hace ya
treinta años con la sanción de la Ley de Divorcio, que pasó por los Derechos de
los Niños y los Adolescentes para llegar finalmente, en estos últimos 13 años a
la sanción de leyes que igualan derechos fundamentales para quienes estaban
excluídos del sistema por ser pobres, por ser mujeres, por vivir su sexualidad
de la forma que ellos y ellas hubieran elegido. Fue en este marco de
consagración de derechos que se crearon los Programas de Salud Sexual y
Reproductiva y de Educación Sexual Integral, los cuales estaban dirigidos a
garantizar la Salud Sexual de aquellos más vulnerables, de aquellos que no
tenían acceso a los métodos anticonceptivos o a la educación sexual o a la
atención de sus intereses al respecto. Alguien dijo alguna vez que la salud no
es para los secos. Estas leyes y estos programas venían a refutar esta
afirmación con claridad, simpleza y hasta poesía. Basta con leer el texto, de
una tremenda claridad conceptual y que no deja resquicios para interpretaciones
torcidas o controversiales. La ley que permitía el acceso gratuito y universal
a la Ligadura de Trompas/Vasectomía completó este cuadro. Cada uno de nosotros
tenía la capacidad legal de decidir acerca de su vida sexual y reproductiva,
capacidad garantizada por el Estado desde la educación primaria ya que no sólo
de anticonceptivos venía la cuestión.
Hasta ahora.
Hace pocos días se publicó en
el Boletín Oficial de la Nación un decreto rubricado por el Gerente General de
la República, Ingeniero Mauricio Macri, en el cual se define la estructura del
Ministerio de Salud de la Nación. En dicho decreto no se menciona al Programa
de Salud Sexual y Reproductiva. No se lo nombra. No se habla de él. Se lo
deroga por simple omisión lo cual representa toda una definición ideológica. Se
condena a millones de personas a no recibir educación sexual, se bloquea el
acceso a los métodos anticonceptivos, se castiga la sexualidad de los más
pobres. Se interviene sobre los cuerpos de los más vulnerables de la peor
manera posible: eliminando su autonomía, aniquilando su capacidad de decisión.
En un país en el que algunos de los problemas a resolver en cuanto a Salud
Sexual incluyen el embarazo adolescente, la mortalidad por complicaciones de
abortos clandestinos y las enfermedades de transmisión sexual el Directorio a
cargo del país nos deja sin herramientas, enfrentando a tanques de guerra con
palos de escoba.
Este tipo de decisiones
definen qué tipo de gobierno tenemos, por más que el CEO Macri diga que vino a
desideologizar la región. Para quienes pregonan la política zen, para quienes
sugerían esperar para ver qué pasaba llegan estos momentos, estas
determinaciones. Acá no hay posibles ñoquis ni números a los que hacer decir lo
que uno quiere. Acá no hay interpretaciones posibles. Acá una invasión brutal a
la autonomía de las personas, al respeto de su capacidad para decidir sobre su
vida, sobre su cuerpo, sobre su goce. Si los ideólogos de esto son tipos
siniestros y retrógrados como Abel Albino, eso no lo podemos asegurar, pero
todo hace pensar que así podría ser.
Quienes persistan en su
defensa de esta administración (en el sentido estrictamente consorcial del
término) me encontrarán siempre en la vereda opuesta, cada vez con mayor
convicción.
Frente a estas realidades no
hay neutralidades posibles.
